La Justicia pampeana determinó que dos conductores winifredenses cometieron «un delito» al protagonizar «una picada ilegal» en una calle céntrica de la localidad. Como sanción, pagaron un millón de pesos y, además, tendrán que hacer un «exigente» curso de manejo, que estará dictado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Estas medidas formaron parte de una «salida alternativa» acordada dentro del proceso judicial entre el fiscal Andrés Torino de Santa Rosa y los imputados. «La intención de la Fiscalía fue reparar el peligro creado por estas dos personas en la localidad», consideró el fiscal. «Si bien no hubo una víctima concreta, yo identifico a la comunidad de Winifreda como la afectada», enfatizó el representante del Ministerio Público Fiscal. Por eso, el dinero que abonaron los sancionados será destinado a una institución del pueblo.
El hecho investigado ocurrió el 21 de septiembre pasado y quedó grabado por cámaras de videovigilancia de domicilios particulares. Esas filmaciones fueron aportadas como prueba a la fiscalía. En las imágenes se ve claramente a dos Volkswagen Amarok circulando a la par y a alta velocidad en dirección este a oeste sobre la calle Primera Junta sin medir consecuencias. Una de las Pick up pasa a centímetros de una camioneta que está estacionada y segundos después muy cerca de una mujer que va en bicicleta. La dramática escena transcurre en el tramo que va desde la sede del Club Social y Deportivo hasta unos metros más adelante del reconocido comercio de Carlos Alejo. El recorrido veloz comenzó mucho antes y siguió después del trayecto grabado.
Celulares.
Al respecto, en diálogo con INFOWINI, el fiscal Torino contó que la causa judicial «se origina por una denuncia que realizan (en la comisaría) tres personas de Winifreda», en referencia a los concejales de la UCR, quienes «aportaron un video donde se ve a estos vehículos realizando una competencia de velocidad. Buscamos más cámaras, obtuvimos otras imágenes de la misma prueba de velocidad, una conducta reprimida por el artículo 193 bis del Código Penal». Además, «a la persona que se ve de lejos en el video (una mujer) se la pudo identificar y empezamos a tomar declaraciones testimoniales a otras personas que habían visto la maniobra. También, se dispuso el secuestro de las camionetas y los teléfonos celulares». Sobre esto último, explicó que «son medidas preventivas que tomamos en infinidad de causas. En este caso puntual, como el video anduvo circulando después de la picada durante varios días presumí que podía haber contenido o información en relación al hecho en los equipos móviles de las dos personas que habían intervenido, siempre toda información que se obtenga sirve».
Multa y curso de manejo.
Con todas las pruebas documentales y fílmicas reunidas, «convocamos a prestar declaración a los involucrados. Los imputamos por haber realizado la prueba de velocidad a vehículo a motor sin autorización, traducido es una picada ilegal, una maniobra que claramente pone en riesgo la integridad física de determinadas o indeterminadas personas». Asimismo, precisó que «la fiscalía tuvo la intención de formalizar la audiencia de investigación, pero al final presentamos una propuesta como salida o solución alternativa que tuvo que ver con imponerles el pago de un millón de pesos, que los imputados ya efectivizaron, y la realización de un curso de manejo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial». Aclaró que dicha propuesta fue acordada entre la fiscalía y los conductores. «En total pagaron un millón de pesos, dinero que ya está depositado en una cuenta creada en el Banco de La Pampa (BLP). Por eso ya ordené la devolución de las camionetas a sus titulares y cancelé la audiencia de formalización», prosiguió.
Fue consultado sobre por qué fijó una sanción de un millón de pesos y no se inclinó por un monto más elevado. Al respecto, respondió que «quise que una picada no les salga barato, en base a eso ceñimos los montos. La intención de la fiscalía fue reparar el peligro creado por estas dos personas en la localidad. Ellos no estaban contentos con pagar ese importe, pero fueron las condiciones que impusimos».
«Comunidad afectada».
Seguidamente explicó que «el criterio de oportunidad se aplica ante determinados casos. Si esta picada hubiese terminado con otras consecuencias como impactando contra una columna, una casa, un perro, un vehículo, causándole lesiones a una persona, la sanción hubiese sido mucho más grave». «Acá hubo un delito porque el legislador dijo que hacer una prueba de velocidad en determinadas condiciones constituye un delito, pero no generó un resultado. Es un delito abstracto porque no llegó a consumarse, pero puso en peligro a los demás. Por eso hice hincapié en que el dinero sea para la comunidad de Winifreda porque si bien no hubo una víctima concreta yo identifico a esa localidad como la afectada”.
Cuando se le preguntó qué destino tendrá el dinero, Torino dijo que «habíamos pensado en aportar más cámaras de seguridad para la zona urbana que vendrían bien, otra posibilidad sería entregárselo al hospital. Estamos tratando de definir el objetivo final de ese monto».
Torino sostuvo que el proceso judicial «sigue abierto» y recién se cerrará cuando los conductores sancionados terminen el curso de manejo. «Hay distintas manera de hacerlo, presencial o de forma online. Es un curso interesante y bastante exigente», aseguró.
-¿Les retuvo el carné de conducir?
-No se los inhabilitó.
FOTO: A los conductores de las camionetas les costó un millón de pesos una «picada ilegal»
